Mtro. Gerardo Tapia Hervert Calderón
El crecimiento de las ciudades a nivel mundial no es un fenómeno nuevo, ya que desde el siglo pasado ciudades como Nueva York, Tokio, México entre otras fueron ejemplos de la acumulación de personas, y con ello, impactos serios en el bienestar y la calidad de vida de la población que ahí reside, manifestándose de diversas formas, a través de inseguridad, diversos tipos de enfermedades emergentes (problemas asociados a la calidad del aire, al stress, a la higiene, entre otros), desplazamiento de la población y sustitución de vecinos, reorganización de las ciudades en términos de: cambios de uso del suelo de manera azarosa, movilidad, provisión de servicios, estructura urbana, espacios verdes, elementos de inclusión entre los más visibles.
La respuesta en México fue iniciar con la emisión de marcos legales que dieran soporte a una planificación de los centros urbanos, como en un primer momento la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de 1976, y con ello en paralelo, la formación de recursos humanos que contribuyeran a una forma organizada de planificación del territorio; sin embargo, su aplicación a nivel nacional fue lenta y con un déficit de información sobre la importancia al respecto. Posteriormente, algunos eventos estocásticos como el temblor de 1985 que azotó a la principal urbe del país, la ciudad de México, y provocó el desplazamiento de personas a las ciudades periféricas del país, las cuáles han transitado en el mismo destino que la capital del país, con procesos desordenados de apropiación de territorios, ya sea por invasiones o por desarrolladores oportunistas, que a través de procesos opacos han especulado con el valor del suelo hacia los dueños originales, provocando crecimiento desmedido de las manchas urbanas.
Por otra parte, ante esta situación se generó un segundo instrumento de planificación que fue vinculado a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de 1988, el Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) teniendo diversos alcances en su diseño e instrumentación, considerando tres niveles para las zonas terrestres, el OET Nacional, el regional y el local. Ambos instrumentos se visualizaban complementarios, aunque con una falta de sincronía conceptual y operativa, lo que consintió que su aplicación estuviera sujeta a diversos intereses comerciales y políticos, dejando en segundo plano, el valor intrínseco de dichos instrumentos, como debe ser la planificación del territorio con visión a largo plazo y en beneficio de los ciudadanos. A esto hay que sumarle que ambos se gestionaron previamente con la visión de sustentabilidad propuesta a partir del documento “Nuestro Futuro Común” de 1987 de Naciones Unidas y, por ende, se ha tenido que incorporar a los mismos, conceptos como sostenibilidad, servicios ecosistémicos, bienestar social, entre otros.
Las ciudades son espacios vivos sumamente complejos, donde interactúan individuos con distintos bagajes culturales, sociales, creencias e intereses, en muchos casos son construidos y orientados bajo fuerzas de
mercado y donde la ciudadanía encuentra formas de subsistencia principalmente económicas y con espejismos de modernidad que son ofertados al mejor postor, no obstante, estos espejismos ocultan severas amenazas a su funcionalidad, dando poco valor a las características biofísicas del territorio, esto vinculado a la amnesia ecológica y al desconocimiento del contexto socio-cultural local de los sitios. Este incremento en la población requiere y exige la provisión de servicios de los territorios habitados, en lugares en los que está sucediendo la pérdida de la funcionalidad de los socioecosistemas, provocando puntos de tensión ambiental, de ahí la necesidad de planificar el crecimiento urbano, el manejo sustentable de las zonas rurales y la conservación de la naturaleza. De no hacerlo, se pone en riesgo su funcionalidad, sin embargo, el modelo de urbanización desordenada se sigue replicando, ejemplos de ello, lo encontramos en los municipios aledaños a la capital del estado de Puebla, llevando a un proceso de urbanización desenfrenado, con crecimiento acelerado principalmente a partir de la primera década del siglo XXI.
Un punto clave radica en la carencia de instrumentos de planificación territorial y la debilidad en la normatividad municipal en materia de cambio de uso del suelo, desarrollo urbano y medio ambiente, entre otros; lo que ha favorecido la especulación sobre el valor del suelo y esto aprovechado por parte de las inmobiliarias y desarrolladoras, a través de la oferta de vivienda, acelerando la expansión urbana, que presiona al bienestar de la población en términos de calidad de vida.
Los impactos territoriales son visibles, pocas áreas verdes planificadas, carencia de estrategias sistémicas para asociarse con los espacios naturales, presión sobre las áreas naturales protegidas de la zona (Flor del Bosque y la reserva municipal Cerro de Amalucan), que han sido prácticamente cercadas por las zonas residenciales, lo que fractura los procesos ecológicos dentro de ellas y a su biodiversidad. Lo mismo sucede con las relaciones que se establecen con los flujos de agua, muchos entubados, canalizados o invadidos (río Atoyac, San Francisco, Alseseca o el arroyo Almoloya o el Zapatero, entre otros).
Ejemplo de ello, lo podemos ver el crecimiento urbano propiciado por el cambio de uso del suelo en los municipios de Cuautlancingo y San Andrés Cholula, que como se muestra en las imágenes de Google Earth (2001, 2010 y 2025), la urbanización a dado paso a prácticamente a la desaparición de las áreas de cultivo y zonas verdes, sin respetar los espacios para los flujos de agua, en muchos casos desecándolos.
Las imágenes muestran cómo se han urbanizado ambos municipios, y al no existir una adecuada planificación territorial, se incrementa la vulnerabilidad de estos sitios, ejemplo de esto, son las inundaciones que han aumentado en frecuencia y fuerza en este año para ambos municipios: a) 7 y 12 de agosto y 14 de septiembre en Cuautlancingo; b) 12 de julio y 28 de septiembre, se desbordaron respectivamente los ríos Zapatero y Atoyac, en ambos casos afectando viviendas y a la población en general de San Andrés Cholula.
Finalmente, si bien San Andrés Cholula, cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano, éste resulta obsoleto, ya que desde el 2008 que fue publicado ha habido intentos para su actualización, sin lograr este objetivo, actualmente es de interés de la administración vigente.
En el caso de Cuautlancingo, guarda una situación similar ya que se publicó en el 2014, y establecía que poco más del 35% del territorio era agrícola, y se debían prevenir desastres, proteger los bosques de galería y los cuerpos de agua además de proteger las áreas destinadas como verdes, la zona de transición agrícola y boscosa con la el Parque Nacional La Malinche (Gobierno del Estado, 2014), sin embargo, al menos las zonas agrícolas y los cuerpos de agua han continuado siendo afectados. Actualmente también es un tema prioritario para la administración municipal.
Las problemáticas de la falta de planificación van generando otros impactos que afectan el bienestar y la calidad de vida de los habitantes, es por ello relevante atender desde lo local la planificación del territorio, ya que sólo 34 de los 217 municipios cuentan con un Programa Municipal de Desarrollo Urbano, lo que representa el 15.6% del estado de Puebla, y en el caso de los Ordenamientos Ecológicos a nivel municipal, solo lo tiene Cuetzalan del Progreso y actualmente están en elaboración por parte de CUPREDER-BUAP los Ordenamientos Ecológicos Locales Participativos en Ixtacamaxtitlán, Zautla y Zihuateutla, en el proyecto 322725 “Planeación Territorial Estratégica” (https://cupreder.buap.mx/ordenamientos-ecologicos-locales-sierra-norte-puebla en línea), el cual fue financiado por la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), a través de los PRONACES (secihti.mx en línea).
Si bien se avanza, es relevante desarrollar una estrategia de atención urgente en la planificación del territorio ya que los instrumentos tienen más de 40 años, para mantener la funcionalidad de los socioecosistemas a largo plazo, para contribuir en conservar y restaurar los ecosistemas y los servicios que generan, que son la base del bienestar social y la calidad de vida de la población. Esta planificación debe atender una armonización de la naturaleza, con lo rural y lo urbano, con una visión hacia la sustentabilidad.
Referencias.
- (https://cupreder.buap.mx/ordenamientos-ecologicos-locales-sierra-norte-puebla en línea)
- https://ojp.puebla.gob.mx/